«Lo grave es que se vuelve a un enfoque que considera la discapacidad como un problema individual”

En los últimos días, la Agencia Nacional de Discapacidad ha estado en el centro de la polémica debido a una resolución fechada el 14 de enero, en la que se utilizan términos obsoletos y degradantes para referirse a las personas con discapacidad. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones y referentes del sector, que han denunciado no solo el lenguaje utilizado, sino también el trasfondo de la medida, que responde a una política de recortes y restricciones en el acceso a derechos fundamentales.

Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, fue una de las voces que se alzaron contra esta resolución. Según explicó, el problema no radica únicamente en la terminología empleada, sino en el retorno a un criterio médico para evaluar la discapacidad y la elegibilidad para pensiones. «Lo grave es que se vuelve a un enfoque que considera la discapacidad como un problema individual y orgánico, sin tomar en cuenta las barreras sociales que impiden la participación en igualdad de condiciones», señaló.

Este cambio de criterio significa que muchas personas que actualmente reciben una pensión podrían perderla, ya que se establecen nuevos umbrales de «invalidez laboral» sin considerar el contexto social y económico. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down podría ser evaluada únicamente por sus capacidades físicas y cognitivas, sin tomar en cuenta que el acceso al empleo para personas con discapacidad en Argentina es extremadamente limitado, con una tasa de desocupación que ronda el 80%.

Un ajuste encubierto en el sistema de pensiones

La implementación de esta resolución coincide con otras medidas que han dificultado el acceso a derechos para las personas con discapacidad. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se han registrado trabas burocráticas en la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), despidos de trabajadores especializados en agencias estatales y una marcada reducción en las políticas de inclusión.

Passini destacó que la Agencia Nacional de Discapacidad había sido alertada sobre la problemática de la terminología antes de que la resolución se hiciera pública. «Presentamos un reclamo administrativo junto a diversas organizaciones a principios de mes, denunciando estos términos y el impacto de la medida. No fue un error ni una casualidad, sino una decisión consciente», explicó.

El ajuste en las pensiones no solo representa un recorte económico, sino que también afecta la calidad de vida de muchas personas que dependen de estos ingresos para su subsistencia. La falta de información y la burocracia también han sido utilizadas como herramientas para dar de baja beneficios: citaciones a auditorías que nunca llegan a destino, suspensión de pagos sin previo aviso y un acceso limitado a mecanismos de defensa son solo algunos de los problemas denunciados.

Ante este panorama, diversas organizaciones han comenzado a trabajar en estrategias de resistencia. Una de las iniciativas clave es la creación de redes de apoyo y asesoramiento legal para evitar la pérdida de derechos. «Estamos promoviendo la formación de organizaciones, familias y abogados especializados en discapacidad y derechos humanos para que puedan brindar asistencia en caso de que las pensiones sean suspendidas», indicó Passini. 

Asimismo, se están impulsando campañas en redes digitales donde las propias personas con discapacidad puedan visibilizar el impacto de estas políticas en su vida cotidiana. «Queremos que cuenten cómo usan la pensión, para qué la necesitan y cómo estas decisiones los afectan», agregó.

El retroceso en la política de discapacidad en Argentina evidencia un modelo de ajuste que afecta directamente a los sectores más vulnerables. Más allá de la corrección en el lenguaje, lo que preocupa es la continuidad de un enfoque excluyente y discriminatorio que ignora la realidad social de las personas con discapacidad. Las organizaciones continúan en estado de alerta, denunciando estas medidas y buscando mecanismos para defender los derechos adquiridos a lo largo de años de lucha.